Se busca oficio para Ministerio de Justicia





El viernes temprano, en la explanada exterior del Museo de Historia Natural de la ciudad de Santiago, rodeada de uno de los hermosos parques de la Región Metropolitana, el presidente electo Gabriel Boric presentó al gabinete que lo acompañará a gobernar Chile a partir del 11 de marzo. Lo conforman 24 carteras, 14 de ellas ocupadas por mujeres. La Ministra de Justicia es socióloga y doctora en Filosofía, no abogada; viene de hacer carrera impulsando proyectos relacionados con temas de desigualdad y de género en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.


En Bolivia, los responsables del Órgano Ejecutivo siguen sin entender que sus atribuciones y funciones empiezan y terminan en la Constitución. Las competencias del Órgano Judicial no son de su incumbencia. Sin embargo, el Ministerio de Justicia (con su yapa “y de Transparencia Institucional”) se ha instalado en el debate y en la operación política como el largo brazo de la injerencia en la administración de justicia. Incluso, sin el menor rubor, ha asumido el rol de parte interesada adhiriéndose e inmiscuyéndose en procesos judiciales donde la administración pública tiene sus propios representantes institucionales, según corresponda el caso, y aún así, desde esta dependencia ministerial se opina públicamente, se toma partido, se anuncian acciones… Se usurpa la vocería del Órgano Judicial, de la Fiscalía, de la Contraloría, del poder político, acrecentando la imagen de un Estado omnipotente y achicando el ejercicio institucional de balances, controles y contrapesos, ni qué decir las posibilidades de esgrimir con garantías, los derechos consagrados de la persona como tal.


“Imagine un Ministerio de la Asamblea Legislativa. Los parlamentarios dirían ¡qué le pasa al Ejecutivo! Hablar de un Ministerio de Justicia e independencia judicial es incompatible…” Estas fueron las palabras textuales precisamente del actual Ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, el 15 de noviembre de 2020, prácticamente a horas de asumir la titularidad que él mismo definió como de un ministerio absurdo.

El único sentido realista que pudiera justificar la permanencia de un Ministerio de Justicia dista diametralmente de la propiamente dicha administración de justicia, conferida al Órgano Judicial, a un poder del Estado concebido como independiente del poder político residente en el Legislativo y el poder de la acción pública conferido al Ejecutivo. Se estima que sólo entre 2% y 4% de las controversias públicas y privadas se procesan en los estrados judiciales, por lo que más del 90% de las discrepancias tendrían que resolverse fuera del Órgano Judicial. La determinación de lo justo es un arte, una práctica, que se presenta en los ámbitos del desempeño de las personas en sus roles cotidianos. La Justicia es una aspiración mucho mayor a la tramitada -en última instancia- ante los tribunales: Tiene que ver con el acceso a la educación, a la salud, a la equidad de género, a la protección de la infancia y de los más vulnerables, a la eliminación de trabas e impedimentos al ejercicio pleno de las libertades individuales.


Esta es la visión y la lógica de política pública que converge en la designación efectuada por el próximo presidente chileno en la trayectoria, la experiencia y la formación de la socióloga y doctora en Filosofía. Nada que ver con la intromisión en el Poder Judicial, ni la censura de jueces ni la intervención en pleitos judiciales.


En fin, la Justicia de la que tendría que ocuparse un Ministerio, si es que un Gobierno considera imprescindible su presencia en el Ejecutivo, nada tiene que hacer con los preceptos constitucionales atribuidos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, a los jueces, al control y a la transparencia en la administración pública.


Por lo mismo, tampoco le compete atribuirse la reforma judicial. El Tribunal Supremo, en el caso de iniciativas relacionadas con la administración de justicia, tiene la facultad de iniciativa legislativa para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo expresa el art. 162 de la CPE.


Ya es hora de que los elegidos para hacerlo, casi a punto de finalizar su mandato, asuman a plenitud sus responsabilidades, se quiten las vendas de ojos, oídos y boca y vean, escuchen y hablen por el clamor de verdadera, independiente y transparente Justicia.



Diplomada en DD.HH y escritora.

@gabrielaichaso



Publicado en la columna de opinión del periódico Página Siete el 24 de enero de 2022.







1 visualización0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo